La Educación Sexual Integral (ESI) suele aparecer rodeada de resistencias: a veces se la percibe como un tema que “no nos corresponde”, otras como un terreno conflictivo frente a las familias, o
incluso como un campo para el cual “no fuimos preparados/as”. Sin embargo, estas percepciones tensionan con un marco normativo claro: la Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº 26.150
establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, lo que interpela directamente a la
formación docente.
En este sentido, resulta significativo que los nuevos planes de estudio de los Profesorados de Nivel Secundario la incorporen como unidad curricular en el marco de la Ley Provincial Nº 14.744,
que garantiza la implementación de la Educación Sexual Integral en el sistema educativo bonaerense. Esto no solo legitima su abordaje, sino que también refuerza la necesidad de formarnos como futuros/as docentes capaces de sostener propuestas pedagógicas situadas y críticas que integren la perspectiva de género y de derechos humanos. De este modo, al constituirse como un derecho, supone su desarrollo sistemático, evitando que quede reducida a intervenciones ocasionales o no planificadas.
Pensar la ESI en la formación docente implica comprender su carácter transversal. No se trata de un contenido aislado y/o sujeto a la voluntad de los/as docentes, sino de una perspectiva que
atraviesa prácticas, contenidos, discursos y vínculos institucionales. Asimismo, compromete una dimensión ética y política del quehacer docente, en tanto no solo supone posicionamientos frente a las desigualdades y las múltiples formas de vulneración de derechos, sino también la responsabilidad de intervenir pedagógicamente favoreciendo el reconocimiento de la diversidad en el ámbito educativo y el respeto por las múltiples formas de vivir y habitar el mundo.
Por ello, lejos de ser un añadido, la ESI constituye un eje fundamental en la formación docente inicial, en tanto garantiza el ejercicio pleno de los derechos y contribuye a la construcción de instituciones educativas más justas, inclusivas y democráticas.
Prof. Cyntia Quintas
Diplomada en Género y ESI